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La OCU tacha la decisión del Supremo de 'bochornosa'
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La OCU tacha la decisión del Supremo de "bochornosa"

martes 06 de noviembre de 2018, 21:47h
Para la Organización de Consumidores la sentencia es inaudita y supone una marcha atrás sin precedentes contra la propia jurisprudencia del Tribunal y que perjudica a más de 12 millones de familias
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una nota lamentando la decisión del Tribunal Supremo sobre la revocación de la sentencia sobre el Impuesto de las hipotecas y afirma que "la bochornosa sentencia es una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España".

"La Organización -sigur la nota- muestra su perplejidad ante una sentencia que pone en entredicho la independencia del poder judicial que se ha visto doblegada por los intereses económicos de la banca en perjuicio de los millones de familias hipotecadas. Hoy la banca gana y pierden los consumidores y toda la sociedad".

Para la OCU, "la sentencia afecta a la credibilidad del máximo tribunal de este país, que merma la confianza de la sociedad en un tribunal al servicio de los poderosos y que ha actuado en contra de los derechos de los consumidores".

Por todo ello, la Organización de Consumidores ha pedido "de forma inmediata la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia".

La lucha continua

A pesar del jarro de agua fría que ha supuesto esta decisión, la OCU afirma en su comunicado que "el proceso no acaba aquí, OCU espera que, al igual que sucedió en el caso de la cláusula suelo, el Tribunal de Justicia del Unión Europea (TJUE) rectifique esta bochornosa sentencia. OCU lamenta que los ciudadanos tengan que esperar a que Europa imparta justicia ante el descrédito que esta sentencia supone para el Tribunal Supremo de España".

Por último, "OCU recuerda que el problema de fondo está en la aplicación de un impuesto socialmente injusto. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados penaliza a todos aquellos que no tienen otra vía para adquirir la vivienda que recurrir a la hipoteca, por ello pide su eliminación, ya que, lo pague quien lo pague, acaba encareciendo el préstamo y es el cliente quien lo soporta en último extremo".
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