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La fiscalía se plantea no pedir las penas máximas a los independentistas presos
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La fiscalía se plantea no pedir las penas máximas a los independentistas presos

domingo 14 de octubre de 2018, 14:39h
A escasos tres meses de la apertura de juicio oral por los sucesos acaecidos en septiembre y octubre, del pasado año, en Cataluña con el procés, la Fiscalía ultima su escrito de calificación en el que se inclina a mantener la acusación de rebelión para los cabecillas independentistas, encarcelados o exiliados también.

Aunque según fuentes jurídicas, no solicitaría las penas más altas que pueden llegar hasta los 25 años de cárcel, sino que se mantendría en cotas más bajas, hasta los 15 años.

La fiscalía tiene aún que calificar a cada uno de los 18 procesados que serán juzgados a partir del próximo mes de enero por el Tribunal Supremo. Los huídos, Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat, Marta Rovira, secretaria general de ERC, los cinco ex consellers que se fueron a Bruselas con Puigdemont y la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel que se encuentra tambien huida en Suiza, se llevan en una pieza separada a la espera de que regresen a España para ser juzgados por los delitos por los que fueron procesados. Puigdemónt, Toni Comin y Clara Ponsati, tendrán que responder de los delitos más graves, rebelión y malversación.

En cuanto al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el ex conveler de Interior Joaquim Forn, el ex presiente de la Asamblea Nacional Catalana, ANC, Jordi Cuixart y los ex consellers Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadel, la fiscalía les atribuye máxima responsabilidad en lo ocurrido, por ello justificó y aún justifica la adopción del ingreso cautelar en prisión. Forcadell, Sánchez y Cuixart al no formar parte del Gobern no pueden ser acusados del delito añadido de malversación ya que no eran responsables del gasto del dinero público destinado al referéndum ilegal del 1-O. En cuanto a las penas de sedición, para los que ostentaban autoridad en el Govern, las penas pueden oscilar entre los 8 y 15 años, y para el resto de 4 a 8 años. La Guardia Civil cuantificó el dinero presuntamente malversado en 3,2 millones de euros. Aunque las mismas fuentes judiciales afirman que siempre cabe la posibilidad de que a medida que avance el juicio, la fiscalía puede modificar sus conclusiones.

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