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Es la polémica de la semana en la capital, y no es para menos. Dirigentes del Partido Popular, encabezados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han jaleado las redes sociales y a su militancia atribuyendo el destrozo del cruceiro de Madrid a un ataque de odio contra los cristianos. Sin embargo, la realidad parece del todo diferente: fue un accidente. ¿Seguirá adelante Abogados Cristianos con su querella? ¿Se retractará Vox al respecto?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este martes su negativo en coronavirus tras la infección de alguien de su entorno, por lo que retomará su agenda habitual a partir de mañana. Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la región, Antonio Zapatero, ha adelantado que no descarta estudiar "recomendaciones" de cara a las Navidades, aunque advierte que las medidas se planifican "de semana en semana" y la prioridad es acabar con el virus.

El hospital firma un traspaso de pacientes contagiados por Coronavirus durante dos meses con la clínica Beata María Ana. Ha firmado un contrato por ese periódo por el que pagará a la sanidad privada 867.480 euros. La Cadena SER, ha adelantado este miércoles la información que, no obstante, deja claro que este gran hospital público madrileño no puede atender todas sus emergencias sanitarias al coincidir con un período de reformas y la falta de personal. Precisamente este martes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, inauguró la nueva zona de UCIs.

Los madrileños se encuentran en estos momentos sumidos en la máxima incertidumbre tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular el confinamiento perimetral adoptado por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, que suponía cerrar la capital y nueve grandes localidades de la Comunidad, en contra del criterio del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, empeñada en negar la gravedad de los datos y definiendo los hechos como "la manía que el Gobierno central nos tiene a Madrid". Salvador Illa, ha declarado, tras conocerse la noticia, que se adoptarán "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud". Porque, ha dicho: "nos importa poco o nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos""Nuestro plan A, B, y C, es proteger la salud de los ciudadanos". En este sentido, ha convocado una reunión urgente, para hoy, del grupo del Covid que mantienen técnicos del ministerio y científicos, con el gobierno regional, cara a tomar medidas urgentes de una vez. La gravedad de esta decisión judical de TSJM, se acrecienta con el hecho de haber tomado esta "irresponsable decisión" -según opinión del magistrado Martín Pallín y otros- en vísperas de un puente que permite a más de dos millones de madrileños desplazarse libremente por toda España, cuando Madrid, es la comunidad más afectada por la segunda oleada de contagios, que superan con creces los requisitos científicamente exigidos, no sólo por España y Europa, sino por la propia OMS.

Pese a los buenos resultados que estarían dando en la Comunida de Madrid las restricciones propuestas por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno regional los ha utilizado para reforzar la confrontación, una vez más. Si bien es cierto que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido "cierta discrepancia" con los responsables políticos de la autonomía, afirmando que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 710 casos por 100.000 habitantes, lo que a priori suscita una gran preocupación, ya que los datos que aporta el Ejecutivo madrileño estarían por debajo de los 600 en aras de revertir las medidas este mismo viernes.

La Sesión de Control al Gobierno ha elevado el tono cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos apoyasen el "fraude de ley" de Vox para quitar los nombres a las calles a los dirigentes socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto en Madrid, lo que ha considerado "perverso" y que ratifica la imposibilidad de entendimiento con la formación ultraderechista.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha adelantado este jueves -a escasas 24 horas del anuncio de nuevas restricciones y confinamientos selectivos- que la Comunidad de Madrid "solo restringirá zonas que cumplan los parámetros objetivos de alta incidencia de contagios" del Covid-19 y descarta, a priori, "el confinamiento que se produjo durante el estado de alarma salvo en una situación extraordinaria".

Fuentes cercanas al Ejecutivo central destacan la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la dirigente popular como un primer paso hacia el endurecimiento de las medidas de restricción en favor de la contención de la pandemia en Madrid, que Isabel Díaz Ayuso se habría negado a tomar hasta el momento, intentando seguir la línea marcada por el Partido Popular de rechazar de pleno todo tipo de confinamiento, así como los sucesivos Estados de Alarma que, pese a la altura de miras de sus homólogos de derechas, Ciudadanos, se negaron a apoyar durante los peores momentos de la pandemia. Momentos, valga la redundancia, que se podrían volver a repetir.

Así lo ha avanzado este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, quien ha anunciado que no será hasta el próximo viernes cuando se conozca la decisión definitiva del gobierno regional de extender las restricciones a otras zonas básicas de salud.

Desde el pasado viernes, cuando se anunció el confinamiento selectivo de 37 zonas sanitarias básicas de la Comunidad, se han producido más de una decena de protestas en diferentes barrios y municipios afectados por estas medidas. Además, hubo protestas en las puertas de la Asamblea madrileña por lo que consideran los manifestantes un confinamiento "selectivo y segregacionista". En el centro de la polémica están las decisiones de la presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso, que muchos consideran que significan "culpabililizar a los barrios más humildes que ahora, además, se ven afectados por las restricciones en la movilidad". En total, desde este lunes, 855.000 personas tienen restricciones a la movilidad en un intento, casi desesperado, de frenar la pandemia del coronavirus. Pero los ciudadanos afectados consideran estas medidas ineficaces, segregacionistas y discriminatorias de clase.

Una ciudad en la que más de 200 policías locales controlarán el perímetro de las 26 zonas más afectadas por los nuevos brotes por coronavirus, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas anunciadas el pasado viernes por la Comunidad Madrid

Este lunes han entrado en vigor las nuevas medidas de restricción de movilidad en 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Miles de ciudadanos se echaron a las calles el pasado domingo para mostrar su rechazo a este confinamiento perimetral que afecta en gran medida a la zona sur de la capital y de la región, zonas eminentemente pobres y obreras. Pero también, vecinos de otras zonas se han solidarizado con la protesta, concentrándose frente a sedes municipales de distrito, pidiendo a Isabel Díaz Ayuso que rectifique, aunque la consigna más repetida ha sido la que exige su dimisión, convirtiéndose en tendencia también en redes sociales. Las protestas denuncian la discriminación de los barrios más obreros que no tienen más remedio que coger el transporte público, con el Metro abarrotado, cada día para ir a "servir a los barrios ricos" y después volver a sus zonas hacinadas para confinarse.

La mayoría del Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa de la Asamblea, órgano rector de la institución, ha hecho presión para aprobar un calendario de sesiones que, a juicio de los socialistas, "limita seriamente la actividad parlamentaria e institucional". Ambos grupos parlamentarios han rechazado la propuesta del PSOE de ampliar el número de sesiones de las Comisiones y Plenos, y habilitar semanas declaradas inhábiles en la propuesta de estos dos grupos.

Una reversión de la venta de 3.000 viviendas sociales a fondos buitre en el año 2013 que el Gobierno de Ayuso considera que afectará solo a uno de los inquilinos.

Madrid se ha vuelto a convertir en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia en nuestro país. Pese a esta situación, dirigentes 'populares', como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intentan quitar hierro al asunto asegurando que la Comunidad "está siendo señalada" por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque reconoce que "no maltratada".

Tal y como adelantamos este jueves, Madrid ya es pasto de la pandemia e incluso las ciudades castellanas contiguas pedían que se limitase la movilidad en la Comunidad. Tan crítica es la situación que hasta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía este jueves que un confinamiento podría ser "planteable". Ante el devenir de los acontecimientos, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pisado el acelerador con nuevas restricciones, como la limitación de reuniones a 10 personas, aforo reducido en iglesias y hostelería, hoteles medicalizados así como una mejor capacidad de rastreadores y hasta dos millones de test rápidos.

Ante la situación tan desconcertante entre las diferentes opiniones mostradas por el juez Alfonso Villagómez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que continuarán en marcha las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, dando su aprobación en cuanto a la prohibición de fumar en espacios públicos así como el cierre del ocio nocturno, además de limitar la actividad hostelera.