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22 de enero de 2021, 11:28:55
Opinión


Algunos hombres buenos

Por Hypatia de Alejandría

Hace apenas unas semanas se conocía que la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, había acordado el sobreseimiento del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios de delito en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a quien los denunciantes imputaban una prevaricación administrativa. La Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado que ejerce la defensa del delegado del Gobierno habían solicitado previamente el archivo de dicha instrucción.


Casi al mismo tiempo, la prensa recogía que la Fiscalía Provincial de Sevilla pedía la absolución para los cargos y funcionarios públicos investigados por el concurso minero de Aznalcóllar. En su escrito, la fiscal denunciaba el uso de la vía penal para resolver cuestiones que debieran haberse ventilado, hace ya años, en el ámbito contencioso-administrativo. Tras tres instrucciones realizadas en los últimos cinco años y medio no se ha apreciado absolutamente nada que pueda empañar la honorabilidad de los funcionarios y cargos públicos andaluces.

En estos tiempos en los que la ciudadanía percibe una política yerma de mujeres y hombres brillantes, en la que predominan los desahogos públicos abruptos propios de la peor telebasura y de los yonkis del clickbait, parece que la Justicia, al menos un sector de ella, quiere venir a corroborar la percepción ciudadana de corrupción en casi todo.

Que la Administración de Justicia en este país está servida por personas mayoritariamente de ideas conservadoras es como decir que en el cielo hay nubes y que las vacas dan leche. Lo que empieza a parecer obsceno es la sensación de persecución procesal contra los cargos públicos que no se adscriban a esa ideología.

Y en demasiados casos esa Administración de Justicia desbarra cuando se acerca a enjuiciar la acción de las personas que han sido elegidas – ellas sí, los jueces no, recordémoslo – por los ciudadanos. Sí, porque vulnerar los derechos de ciudadanos sin mácula penal sometiéndoles a letanías que laceran el honor público y el buen nombre de la gente honesta es uno de los comportamientos más peligrosos en democracia, porque no sólo atenta contra los derechos fundamentales de los injustamente investigados, sino que también subvierte el principio de legitimación democrática y de soberanía popular que es la base de nuestra convivencia.

Culpar al 8M de la pandemia del coronavirus era una estupidez de órbita planetaria de la extrema derecha. Porque al mismo tiempo que las mujeres, acompañadas de muchos hombres, se manifestaban para reclamar sus derechos por toda España, la Liga llenaba estadios ese fin de semana. ¿Alguien ha pedido responsabilidad por ello al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas? Por supuesto que no, que nadie se ha dirigido a pedir responsabilidad a Javier Tebas, quien procede de Fuerza Nueva, pero al delegado del Gobierno en Madrid sí. No es casualidad que José Manuel Franco sea de izquierdas y feminista. Y eso es superior a lo que pueden soportar las mentes más casposas del fascio patrio, sobre todo las más cercanas a los círculos policiales y judiciales. Pues si algo tienen los conservadores es que carecen de complejos a la hora de parasitar las instituciones, jibarizándolas a la más mínima oportunidad.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia que el feminismo es tan necesario como ulcerante para los machistas sociales, políticos, judiciales y mediáticos. Su derrota es la victoria de la igualdad.

Nadie puede poner, a día de hoy, una sola mácula en la labor de José Manuel Franco como delegado del Gobierno en Madrid. Pero su figura fue zarandeada en plaza pública para que fuera lacerada por los intolerantes y los ultras.

Esta sociedad no se puede permitir que una parte de la Justicia esté sometida a caprichos procesales, convirtiendo los juzgados en urnas clandestinas que sirvan para torcer las voluntades de la soberanía política con causas judiciales que se desinflan al más mínimo criterio objetivo.

Que se lo pregunten a Antonio Rodrigo Torrijos y Domingo Enrique Castaño, víctimas de esta costumbre de la jueza sevillana Mercedes Alaya de "fabricar imputados” en los prolegómenos de procesos judiciales aunque no haya pruebas que demostrasen en lo más mínimo que aquellos hubieran tenido un comportamiento deshonesto. Ambos fueron declarados inocentes muchos años después, pero tras arruinarse sus carreras políticas al ser manchadas por la instrucción decretada por Alaya.

O a Vicente Fernández, quien dimitiera como presidente de SEPI una vez que Alaya pidió su investigación, cómo no, apenas unos días antes de la celebración de las últimas Elecciones Generales. El caso del ex presidente de SEPI – así como del resto de investigados en la causa de Aznalcóllar – es una auténtica perversión en lo que debiera ser una acción objetiva y en tiempo razonable de la Justicia. No hay quien vea indicio alguno de delito en la actuación de los funcionarios y cargos públicos en ninguna de las tres instrucciones que se han seguido por esta causa. Ni la jueza instructora, ni la fiscal, ni los peritos de la Intervención General, ni los guardias civiles de la UCO. Nadie, absolutamente nadie. Es más, en 2016 ni Alaya consideraba como una opción poder investigar a Vicente Fernández rechazando explícitamente la petición que hizo entonces la empresa perdedora del concurso. Pero entonces Fernández no era presidente de SEPI. Cuando ya lo fue, en 2019, sí que la celebérrima jueza entendió que debía ser investigado. Eso incluso considerando la UCO, después de revisar todos y cada uno de los correos enviados y recibidos por Fernández durante cuatro años, que no había existido la más mínima actuación irregular en la resolución del concurso de Aznalcóllar.

Además, en el caso andaluz, el instigador de la actuación procesal de Alaya es “toda una joyita”, como dicen por el Sur. La denunciante en el caso de Aznalcóllar, la empresa perdedora del concurso, EMERITA RESOURCES, ha demostrado ser una empresa minera fake que ha sido repudiada incluso por todo el colectivo minero del país por sus acciones meramente especulatorias, que han acabado paralizando la actividad minera, especialmente en Andalucía. ¡Qué se lo pregunten a Revilla, en Cantabria, donde tuvieron que expulsar a EMERITA RESOURCES en febrero pasado del yacimiento de zinc en Reocín, por haber mentido como bellacos en la inversión y las contrataciones de personal que prometieron a bombo y platillo! De Asturias y Extremadura también fueron expulsados por idénticas razones. No invierten nada, no producen nada. Sólo especulan y comercian con los derechos mineros que consiguen a base de engaños.

La marcha de Vicente Fernández causó un gran impacto negativo en las empresas de la SEPI. Todos los presidentes de las empresas que componen el Grupo SEPI han coincidido en que perder a un gestor como Fernández es algo "que España no se puede permitir". Con una pandemia mediante, lo que es seguro es que este país no puede darse el lujo de que los mejores no estén al frente de la reconstrucción industrial de España, en uno de los momentos más críticos de nuestro país desde su Transición a la Democracia.

Por eso, de la misma manera que José Manuel Franco ha podido seguir llevando a cabo su labor al frente de la delegación de Gobierno de Madrid, se va convirtiendo en un acto de justicia que el Gobierno pueda situar de nuevo a Vicente Fernández como presidente de SEPI, porque hasta la fecha todo lo avanzado en la instrucción a propósito de la adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar ha refrendado, por un lado, la plena honorabilidad de Fernández, y por otro, que los verdaderos culpables de este desatino judicial son los administradores de la empresa denunciante, los especuladores de EMERITA RESOURCES.

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