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21 de febrero de 2020, 22:25:53
Cultura


El Ministerio de Educación recurrirá a los tribunales la decisión de Murcia de imponer un 'pin parental'

Por Miriam Rosco

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha manifestado su rechazo a la decisión de la Región de Murcia de 'el pin parental', que ha calificado de ''ilegal''. El Gobierno considera que esta decisión de la comunidad excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares


El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá en los tribunales cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado, según ha explicado Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional.

Con la imposición del 'pin parental' lo que se pretende es que los padres y madres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, siendo contrario a la Ley Orgánica de Educación (LOE), así como la Ley Contra la Violencia de Género.

Los colegios educativos durante el curso 2019-20 estarán obligados a imponer esta 'censura previa' para todas las actividades de los centros. El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta', que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación espalola. Además, los alumnos tienen la obligación de acudir a las actividades complementarias programadas por el centro educativo, que además son evaluables.

Este veto colisiona con el derecho fundamental constitucional a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI.

Así lo ha manifestado Isabel Celaá, ''cualquier norma que recogiera esta censura previa vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación intregral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales''.

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento jurídico en los casos expresos contemplados por la Constitución y las leyes.

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