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12 de noviembre de 2019, 15:32:33
Opinión


El juez Serrano (VOX) debe ser separado de la carrera judicial

Por Altamira Gonzalo

La gravedad de las expresiones vertidas por Francisco Serrano contra las mujeres con ocasión de la sentencia -o más propiamente del adelanto del Fallo- del Tribunal Supremo en el caso de la Manada, ha sido tal que, en un acto de cobardía enorme por su parte, responsabilizó de las mismas a un colaborador, y hasta su partido VOX se desentendió de ellas.


Estas son las declaraciones del juez Francisco Serrano, de VOX: "Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro"

"Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres"

"Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión"

El machismo casposo -estilo Torrente- que rezuman esas frases dichas por el juez, avergüenzan a cualquier persona, nos ofende gravemente a las mujeres, a todas nosotras y son la manifestación de una mentalidad que considera que las mujeres somos seres inferiores y que estamos aquí para dar placer a los hombres. Para este misógino antidemócrata, satisfacer su sexualidad le autoriza a hacer con las mujeres lo que él quiera y lo menos arriesgado para él y lo más barato es, dice, sexo de pago, hacer de putero.

Pues bien. Quien dice esas frases es el cabeza de lista de VOX en Andalucía y su portavoz en el parlamento andaluz, de profesión, juez en excedencia. VOX es un partido de extrema derecha, que ha hecho bandera de la negación de la violencia de género y de la desigualdad y está tratando, allá donde tiene mando, de cargarse todos los recursos que tanto tiempo y esfuerzo ha costado crear. Serrano es Vox, Vox es Serrano. Nada extraño, por tanto. Pero la reflexión que quiero hacer en estas notas es cómo es posible que hoy en España una persona con esta forma de pensar, pueda estar capacitado para ejercer la muy noble función de impartir justicia.

Quienes nos movemos en el ámbito del Derecho de Familia conocemos desde hace años a Francisco Serrano, porque se ha señalado desde hace tiempo por su oposición furibunda a todas las leyes que se han aprobado para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, sobre todo ha sido muy activo contra la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. También es activo defensor de la custodia compartida impuesta y del Síndrome de Alienación Parental. Recurre con frecuencia el mito de las denuncias falsas, que tiene como fin desacreditar a las mujeres que se atreven a denunciar, consiguiendo como resultado disuadir a muchas de ellas de poner denuncias contra su maltratador.

Actualmente está muy implicado el Sr. Serrano en la difusión de un nuevo invento neomachista, el del coordinador parental, impartiendo formación en el correspondiente master que se lleva a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Si bien, desde la dirección de Comunicación de la URJC, quieren dejar claro que este señor no forma parte del actual equipo docente de la citada universidad.

Todo ello tiene un mismo hilo conductor, que es la negación de la existencia de la violencia de género y tratar de que ésta persista tras la ruptura de la pareja, mediante los instrumentos indicados: la custodia compartida impuesta, el SAP o los coordinadores parentales. Todos ellos pretenden un mismo fin, que es continuar controlando y maltratando a las mujeres después de la ruptura de la pareja o del divorcio. Todos estos instrumentos han sido importados de EEUU, donde fueron ideados hace unos años por movimientos contrarios a la igualdad.

Esta persona ya era conocida cuando entró en Vox por sus ideas ultra derechistas y negacionistas de la violencia de género. Y fue por esta razón precisamente por lo que VOX lo puso a la cabeza de la lista electoral y le hizo su portavoz en el Parlamento. Porque con sus exabruptos contra las mujeres y contra la ley Integral conseguía atraer los votos de maltratadores y de sus familias. Él es VOX, por más que esta formación quiera ahora, una vez que lo ha utilizado, distanciarlo de su formación. Como bien dicen en sus grupos en las redes sociales, lo que les hace diferentes es no doblar la cerviz ante el lobby de género.

Lo que me suscita más desasosiego es que este personaje con estas ideas sobre las mujeres, sobre más de la mitad de la población, ha ejercido como Juez de Familia durante muchos años. Y ejerciendo como tal fue condenado por prevaricación, por inmiscuirse en las competencias de otro juez con el fin de favorecer a un padre en relación con las visitas de un hijo. Una vez cumplida la condena de inhabilitación para ejercer por dos años, no se incorporó al Juzgado dedicándose al ejercicio de la abogacía, a quien por cierto tuve de contrario, siendo su cliente un condenado por malos tratos. Pero y esta es mi inquietud, continúa siendo juez en excedencia, lo que significa que, cuando él decida, puede volver a un Juzgado y dictar sentencias y hacerlas cumplir.

Defender ideas contrarias a la igualdad es estar en contra de la Constitución española. Todos los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva, art. 9.2 de la C.E. La igualdad se persigue por medio de la Ley Integral y mediante la aplicación de la normativa internacional contenida en instrumentos ratificados por España, como el Convenio de Estambul. Si no se acatan esas normas, si se está manifiestamente en contra. Si se considera que el único sexo seguro es el de pago, es decir, la explotación de las mujeres prostituidas para el placer de los hombres. Si se piensa que las mujeres son pérfidas y ponen denuncias para fastidiar a los hombres, cuando el 80% de las mujeres asesinadas jamás habían denunciado, ¿cómo un elemento que piensa así puede aplicar e interpretar las normas bajo el principio constitucional de igualdad? Es imposible, salvo que se piense que estamos ante míster Hyde y el doctor Jekyll. Pero yo no lo creo posible.

Lo que falla estrepitosamente es el sistema de acceso y de permanencia en la Carrera Judicial. Padecemos un sistema decimonónico, instaurado por la Constitución de 1869, que fue progresista en su día, pero que no lo es hoy y ha permanecido, en lo esencial, sin modificar. El sistema de acceso es memorístico y requiere disponibilidad económica para poder preparar la oposición de acceso. Superarlo, garantiza que se tienen conocimientos jurídicos y la capacidad para aprenderlos y de memorizarlos, pero no garantiza que quien supera la oposición y la Escuela Judicial posterior esté dotado/a de empatía para tratar a la ciudadanía, de equilibrio personal, sea persona ecuánime, acepte y comprenda de manera real los principios constitucionales, sobre todo el de igualdad que afecta a la mayoría de la población; que tenga una mínima experiencia de vida, requisitos todos ellos absolutamente necesarios para desempeñar de manera satisfactoria la función de juzgar los problemas jurídicos que la ciudadanía, siempre como último recurso, plantea al Poder Judicial. Hay muchos, muchos jueces y juezas extraordinarios, pero falla el control en los extremos señalados tanto en el acceso como a lo largo del desempeño de la vida profesional.

Porque cada persona puede elegir el abogado/a que desee, pero no puede elegir al Juez que le vaya a juzgar. Porque el Juez está predeterminado por la ley. De ahí la importancia que tiene el hecho de que quienes imparten justicia, a todos los niveles, sean personas en quienes concurren los requisitos anteriores. Y esto no se garantiza con el sistema actual de acceso a la Carrera Judicial, porque prevalecen las pruebas memorísticas y no se da la importancia que requiere al equilibrio psicológico, emocional, a las convicciones democráticas personales, todo ello muy necesario, junto con los conocimientos jurídicos, para impartir Justicia en el siglo XXI.

El Partido Socialista llevó en su programa electoral para el 29A propuestas concretas de reforma del actual sistema de acceso. Espero que en esta legislatura se pueda llevar a cabo. Porque por pura democracia, es necesario que la ciudadanía confíe y esté orgullosa de su sistema judicial.

Altamira Gonzalo

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