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26 de junio de 2019, 16:29:40
Política


El juicio del ‘procès’ queda visto para sentencia que se conocerá después del verano

Por Rocío Hernández

El Tribunal Supremo cierra este miércoles el juicio oral de la causa contra los acusados del ‘procès’ por la independencia de Cataluña. Tras la comparecencia de 422 testigos y los relatos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de las defensas, los 12 procesados tendrán la palabra para terminar sus alegatos sobre los graves delitos de los que se les acusa: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. No será hasta después del verano cuando los magistrados dicten la que será una de las sentencias más decisorias y mediáticos de la democracia española.


Tras más de 50 sesiones celebradas en los últimos cuatro meses y el testimonio de 422 testigos, el Tribunal Supremo da por cerrada la vista oral del juicio del ‘proces’ en el que se está enjuiciando a 12 acusados de los delitos de sedición, rebelión, malversación y desobediencia. Lo juzgado tiene que ver con lo ocurrido en Barcelona en septiembre y octubre de 2016 cuando el Parlamento de Cataluña aprobó las denominadas “leyes de desconexión” y se celebró un Referéndum de autodeterminación de forma ilegal con el fin último de manifestar la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado español.

Una parte importante de los consejeros del Govern de Cataluña que ‘pilotó’ el proceso están en el banquillo de los acusados, así como los miembros de la Mesa del Parlamento que tramitó las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Pero no están todos los que participaron directa o indirectamente de los hechos. Desde Bruselas, el ex president de Cataluña, Carles Puigdemont, sigue los acontecimientos, a salvo de la extradición porque los tribunales europeos han negado a la justicia española su entrega para que se le acuse de los delitos de rebelión y sedición.

Ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo están el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, contra quien recaen peticiones de penas de prisión que van entre los 25 y los 12 años; los exconsellers Joaquim Form, Jordi Turrull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, para quienes se solicitan penas de entre 17 y 10 años; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se enfrenta a penas de entre 17 y 10 años; y los ex presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sobre los que pesan peticiones de prisión que van desde los 17 años de la Fiscalía hasta los 7 de la abogacía del Estado.

De los doce procesados, nueve de ellos están en prisión provisional, algunos como Oriol Junqueras desde el 2 de noviembre de 2017. Los acusados en libertad son Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. En este tiempo, el propio Junqueras, Jordi Sánchez, Rull, Turull Romeva y Forn se presentaron a las elecciones generales, europeas y municipales y son cargos electos. Junqueras es diputado y eurodiputado; Sánchez, Rull y Turull también son diputados del Congreso; Romeva es Senador y Forn es concejal del Ayuntamiento de Barcelona.

En las últimas sesiones del juicio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado expusieron sus conclusiones finales. Para la Fiscalia, los hechos que se están enjuiciando suponen un “golpe de Estado” y considera probados todos los delitos, por eso pide las penas de prisión más altas. Sin embargo, para la Abogacía del Estado se cuestiona que se produjera un delito de rebelión (el más grave) y acusa a los procesados de sedición, malversación y desobediencia.

En cambio, las defensas de los acusados consideran que están ante un juicio político y que sus clientes se encuentran en prisión como presos políticos. Niegan que se produjeran los delitos de sedición ni de rebelión pues afirman que no hubo violencia en la celebración del 1-O ni en las protestas en las inmediaciones de las edificios públicos que los tribunales registraron para tratar de impedir la celebración del Referéndum ilegal. Tampoco consideran que se haya podido probar que se destinara dinero público para la celebración de la consulta y sólo admiten el delito de desobediencia ya que es manifiestamente claro que sus clientes hicieron caso omiso a las numerosas llamadas al orden de los distintos tribunales y de las resoluciones del Constitucional.

Tras el cierre de las sesiones orales, el Tribunal del juicio tendrá que valorar todo lo que se ha expuesto en sala y fuentes judiciales consideran que podría haber una sentencia a finales de julio. Aunque la fecha es estimativa ya que bien podría hacerse pública la decisión final en septiembre incluso en octubre. Hay que tener en cuenta que es un tema de gran complejidad jurídico y también tiene un importante componente político pues, sin duda, la sentencia afectará a las relaciones políticas con los partidos independentistas.

Se estima que los acusados que se encuentran en prisión preventiva sigan en la cárcel hasta el momento de la sentencia. Cuando la decisión de Tribunal se comunique, si es absolutoria, serán puesto en libertad. Pero, como parece, si hay sentencia condenatoria se abrirán los momentos de los recursos. Los acusados tienen puesta la vista en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para luego acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esos procesos se podrían alargar durante años por lo que los condenados bien podrían conseguir salir de prisión. Lo que perderían es su condición de diputados, senadores y concejales ya que posiblemente una sentencia condenatoria incluya también la pérdida de los derechos políticos y sean inhabilitados para cargo público durante un tiempo determinado.

Las defensas volverán a pedir la puesta libertad de sus clientes mientras se dicta la sentencia, pero hasta este momento, el alto riesgo de fuga ha pesado más que los derechos de los acusados, por lo que todo hace indicar que seguirán en la cárcel.

Ahora, la presión será para los miembros del Tribunal, presidido por Manuel Marchena. La sala está conformada por Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer.

Se ha tratado de un juicio ‘circular’ al ser de carácter penal: arrancó con el alegato de los acusados y acaba también con la intervención final de los mismos por un tiempo de 15 de minutos durante este miércoles. Ha habido más de cincuenta sesiones y han pasado por la sala del Supremo más de 422 testigos (entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría).

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