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26 de junio de 2019, 2:16:31
Cultura


Celaá anuncia que el Gobierno tratará como prioridad la educación inclusiva

Por Sara Gómez

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha acudido este martes a un debate sobre educación inclusiva organizado por la agencia de noticias Servimedia, que ha moderado el director general de la misma agencia, José Manuel González Huesa.


Durante su intervención, Celaá ha defendido como prioridad del Gobierno garantizar una educación inclusiva que conjugue la excelencia con la equidad. Además, ha reiterado a las familias que no existe ninguna intención de cerrar los centros de educación especial, recordando que el proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero recoge que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a estos centros. De esta manera, además de escolarizar a los estudiantes que requieran una atención muy especializada, estos centros desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

La portavoz del Gobierno ha destacado que la educación debe perseguir las mismas metas para todos los alumnos, siendo necesaria para ello una educación flexible que tenga en cuenta las características, estilos y necesidades de cada alumno. Así lo recoge la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que España suscribió en 2008, al establecer que los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusiva en todos los niveles y a lo largo de la vida.

Aunque varias comunidades autónomas han desarrollado normas para impulsar este tipo de educación, aún no existe una norma estatal que traslade los requerimientos internacionales al conjunto del sistema educativo en un marco común. En línea con las directrices internacionales, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros fija un periodo de 10 años para desarrollar las medidas necesarias para extender la educación inclusiva en los centros escolares.

Según informó Celaá, esta nueva ley de Educación podría ser aprobada por las Cortes el próximo curso y, a partir de ahí, el Gobierno elaboraría un Real Decreto que recogiera los compromisos necesarios para avanzar en educación inclusiva. Para lograrlo, los principales ejes de actuación serían asegurar una formación inicial sólida del profesorado que atienda a la diversidad, flexibilizar la organización escolar con una revisión integral del currículum, personalizar las evaluaciones y dotar a los centros escolares de recursos de accesibilidad y profesionales expertos en inclusión.

Asimismo, la ministra ha destacado la necesidad de reforzar los servicios de atención temprana que abarquen desde el nacimiento hasta la vida adulta, además de integrar a los profesionales de los sectores de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

También ha subrayado la importancia de revisar los procedimientos de evaluación psicopedagógica que dan lugar al dictamen de escolarización y de reforzar la participación de las familias en todo el proceso. Para conseguirlo, afirma que hará falta un pacto “serio y sólido” de financiación que garantice recursos estables para dar una adecuada atención a todo el alumnado.

Se trata, pues de un proceso de cambio social y cultural que únicamente podrá llevarse a cabo a través del diálogo y la colaboración con las familias, las organizaciones que las representan y con el resto de sectores implicados.

En el debate también han participado Pedro del Río, director de Aleph-TEA; Inés de Araoz, responsable del departamento jurídico de Plena Inclusión España; y Macu Blanco, madre de un joven con discapacidad intelectual, alumno del colegio San Ignacio de Loyola.

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