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19 de mayo de 2019, 12:42:54
Cultura


El Gobierno aprobará un decreto que compatibilice la jubilación de los creadores con el cobro de sus derechos

Por Sara Gómez

Ibán García del Blanco, secretario federal de Cultura del PSOE, ha asegurado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este próximo viernes el decreto ley que hará compatible la jubilación de los creadores con el cobro de sus derechos de autor.


Durante su participación en el debate ‘La papeleta de la cultura’, organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), el secretario ha señalado que se trata de una medida urgente de apoyo a la inclusión de los artistas en el Sistema de Inactividad de la Seguridad Social. Asimismo, ha recordado que se trata de una de las reivindicaciones históricas del sector la cual está incluida en el informe para la elaboración del Estatuto del Artista que consensuaron todos los grupos parlamentarios durante la pasada legislatura.

También señalaron la importancia de esta medida PP y Unidas Podemos, a través de sus portavoces en el encuentro: Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y Mauricio Muniesa, periodista musical, respectivamente. También lo hizo Ciudadanos a través de su responsable del área de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, quien se comprometió llevarla al Congreso durante la primera semana e, incluso, ponerla en marcha en los 100 primeros días de legislatura si su partido estaba en el Gobierno.

En este sentido, De los Santos señaló la importancia de una comunión entre Hacienda, Trabajo y Cultura por tal de favorecer las políticas en este sector, además de reivindicar que fue la exministra popular de Empleo Fátima Báñez, quien ya había solucionado el problema de las jubilaciones de los artistas. Sin embargo, García del Blanco reprochó que “Báñez no ayudó, sino que creó el problema”.

Por su parte, Muniesa indicó que, como cualquier tema en política, “solo hace falta voluntad” por parte de los gobernantes” o “poner dinero” para solucionar la situación de los trabajadores de la cultura.

Durante el debate, todos los portavoces han llamado a sus futuros representantes en la Cámara baja a seguir con el legado de consenso que dejaron los representantes de sus grupos parlamentarios en la legislatura anterior, donde se llegaron a acuerdos tanto sobre el estatuto del artista como sobre propiedad intelectual o fiscalización.

Todos los partidos han respaldado la posibilidad de conseguir un pacto de Estado de Cultura que blinde la existencia de un ministerio propio, además de otras medidas presupuestarias y fiscales que, a su parecer, deben seguir una línea continua a pesar de los cambios de Gobierno. Sin embargo, en cuanto a la creación de un ministerio, los partidos han mostrado ya sus primeras discrepancias: PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos lo han defendido férreamente, mientras que los populares creen que su existencia es “deseable” aunque “no obligatorio”.

Para De los Santos, las políticas culturales no pasan a un segundo plano, aunque estén integradas en un ministerio de Educación. Sin embargo, sus rivales aseguran que, “cuando esto ha ocurrido, la Cultura se ha quedado atrás, como ‘la hermana pobre’ de la Educación”. Rivera de la Cruz denunció cómo “en cumbres internacionales sobre cultura, España iba detrás del resto de países porque todos llevaban a ministros y nosotros a un secretario de Estado".

A su juicio, la cultura necesita un responsable que tenga voz en el Consejo de Ministros y que pueda “mirar a los ojos" al responsable de Hacienda, porque "están a la misma altura". Desde el PSOE también abogan por una persona “referente” del mundo del sector que pertenezca al Consejo de Ministros.

Por su parte, desde Unidas Podemos señalan que la situación cultural en el país se debe a que, durante años, ha estado dentro de un ministerio calificado como “cajón desastre”, que gestionaba del mismo modo a los creadores, a los profesores y a los deportistas.

Pero no han sido las únicas críticas para el PP, el partido también ha sido criticado por su posición en materia de propiedad intelectual. Aunque todos los grupos pactaron en la pasada legislatura la trasposición de la directiva europea sobre esta materia, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, reprocharon al PP que se descolgara en el último momento – finalmente se abstuvo – y que se opusiera al límite legal por copia privada que se estableció en el texto. Tampoco Unidas Podemos se mostraron absolutamente de acuerdo, aunque finalmente cedieron en aras del consenso.

García del Blanco ha llamado a mantener la "estabilidad en el sistema". A su parecer, la transposición ha conseguido "un ecosistema bastante decente" en el sector que permitirá su correcto funcionamiento, aunque queden por desarrollar algunas medidas de la ley.

Mientras, De los Santos ha asegurado que la defensa de los derechos de autor es "inherente a las políticas del PP". Ha destacado el papel “imprescindible” de las entidades de gestión, organizaciones que también han sido alabadas por el resto de portavoces.

Sin embargo, han reconocido que la labor de la Sociedad General de Autores (SGAE) ha empañado su trabajo y han apuntado la necesidad de solucionar su situación. Desde PSOE y Unidas Podemos se reconoce la posibilidad de regenerar desde cero la entidad porque, a su parecer, “no tiene ya solución intentar cambiar las cosas desde dentro”.

Para finalizar, el debate a tratado también la nueva directiva europea del copyright, aprobada el pasado marzo y que en la próxima legislación deberá trasponerse a la normativa española. Unidas Podemos se mostró contraria a la medida, coincidiendo con lo votado por su grupo en Bruselas. A su juicio, tiene herramientas para la “censura preventiva” por parte de las multinacionales.

Sin embargo, el resto de partidos la han valorado positivamente, considerando que los derechos de los autores estarán así “blindados” con una nueva ley.

En cuanto a la piratería, PSOE y Unidas Podemos han mostrado sus dudas hacia la agilidad y actuación que podría aportar una fiscalía especializada, como proponen PP y Ciudadanos. Se habló de una mayor rapidez a la hora de detectar y condenar casos como el de ‘seriesyonkis’, sin embargo, los socialistas piensan que con una oficina sería suficiente y los morados que la idea está “un poco deslavazada”.

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